Los productos de calidad, clave para exportar más

El nuevo Reglamento Europeo de Indicaciones Geográficas (IIGG), publicado recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea, ha sido motivo de celebración para Origen España y otros representantes del sector agroalimentario y vitivinícola del país. Esta actualización normativa, que entra en vigor el próximo 13 de mayo, promete fortalecer la protección de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), así como mejorar la gestión y el control de estas certificaciones tan fundamentales para la agricultura y la gastronomía europea.

Origen España ha estado en el centro del proceso de negociación y formulación de este reglamento, colaborando estrechamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la presidencia española del Consejo de la UE. La asociación ha jugado un papel fundamental en asegurarse de que las nuevas disposiciones favorecieran a los productores nacionales y a la protección de sus productos autóctonos.

Uno de los aspectos más destacados del reglamento es la ampliación de la protección a las indicaciones geográficas en el ámbito digital. Por primera vez, se establecen medidas específicas para prevenir el uso fraudulento de nombres de DOP y IGP en dominios de Internet y el mercado online. Esto representa un paso significativo hacia la reducción de los conflictos legales y la simplificación de los procedimientos burocráticos que a menudo enfrentan los productores al defender sus marcas y productos en la esfera digital.

Ángel Pacheco, presidente de Origen España, ha resaltado la importancia de este avance, subrayando cómo el reglamento ayuda a combatir la competencia desleal y asegura que los consumidores obtengan productos auténticos y de calidad verificada. Además, la normativa incluye disposiciones claras sobre el uso de productos protegidos como ingredientes en otros productos elaborados, una medida que beneficia tanto a productores como a consumidores al garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los alimentos en el mercado.

La regulación también clarifica el papel y las responsabilidades de los Consejos Reguladores y las agrupaciones de productores, otorgándoles un papel más central en la gestión y supervisión de las indicaciones geográficas. Este reconocimiento formal como partes interesadas en todas las iniciativas legislativas relacionadas con las IG es un cambio significativo que permitirá a estos organismos representar mejor los intereses de los productores, fomentando una mayor cooperación y cohesión dentro del sector.

Además de los aspectos técnicos y legales, el reglamento tiene un fuerte impacto socioeconómico, especialmente en las zonas rurales. Según Pacheco, las indicaciones geográficas juegan un papel básico en la economía rural, ya que promueven la creación de empleo y ayudan a fijar la población en estas áreas, contribuyendo así a combatir la despoblación y a preservar el patrimonio cultural y natural de estas regiones.

Con 373 DOP e IGP reconocidas, de las cuales 209 son agroalimentarias, y con un valor económico que en 2023 alcanzó los 6.678 millones de euros, España se posiciona como una potencia dentro del sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea, solo superada por Italia y Francia. La exportación de estos productos certificados representa el 30% del valor total, destacando la importancia de estas designaciones no solo para la economía interna sino también para el comercio exterior del país.

Este reglamento no solo refuerza la estructura y la eficacia de las indicaciones geográficas en España y Europa, sino que también asegura la preservación de las tradiciones y la calidad excepcional que representan estos productos en los mercados globales, solidificando así la reputación de Europa como líder mundial en la producción de alimentos y bebidas de alta calidad.