El Gobierno de Castilla y León prohíbe las plantas eólicas y fotovoltaicas en regiones vitivinícolas

El escenario político de Castilla y León ha sido testigo recientemente de un acontecimiento relevante que podría tener un impacto profundo en la industria vitivinícola de la región. La Junta de Castilla y León ha decidido modificar su legislación para cumplir con una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por los partidos PP y Vox. Esta proposición busca prevenir la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas en áreas de viñedos o de cultivos permanentes, protegiendo así estos espacios que representan no solo una fuente de ingresos sino también un legado cultural y ambiental.

La iniciativa fue defendida por la procuradora del Partido Popular, Beatriz Coelho Luna, y por Miguel Suárez de Vox. Ambos argumentaron que el vino es una manifestación artística y un pilar económico para las zonas rurales de la Comunidad. En ese sentido, consideran que ofrecer protección completa a los viñedos es preservar la historia y la tradición, una causa que ha ganado amplio respaldo político, con la excepción del PSOE, que se abstuvo al considerar la propuesta incompleta.

La discusión sobre la coexistencia de diferentes industrias y formas de vida en las zonas rurales es un tema de gran relevancia. "Desarrollo y sostenibilidad sí, pero de manera equilibrada", afirmó Coelho Luna, enfatizando que todos los sectores deben buscar una convivencia que permita mantener las explotaciones como generadoras de riqueza. Por su parte, Suárez, denunció que la proliferación de turbinas eólicas en los montes pone en peligro la industria agrícola y ganadera.

La proposición también fue respaldada por Francisco Igea, de Ciudadanos, aunque lo calificó como un "parche de última hora" debido a un "olvido" en el Decreto aprobado en 2022. Esta opinión fue compartida por Pablo Fernández de Unidas Podemos, quien además cuestionó que el oligopolio eléctrico sea quien esté determinando la transición ecológica en España.

José Ramón García de UPL-Soria YA también apoyó la iniciativa y propuso que las líneas eléctricas de evacuación que necesiten atravesar terrenos deben ser soterradas y por caminos aledaños, una enmienda que no prosperó por falta de informes jurídicos que la avalaran. Finalmente, Eugenio Miguel Hernández Alcojor del PSOE subrayó que aunque están a favor de la sostenibilidad ambiental, consideran que la iniciativa es insuficiente y criticó la falta de planificación en las medidas políticas aprobadas por la Junta.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de equilibrar el desarrollo sostenible con la preservación de la identidad cultural y económica de una región. La decisión de modificar la normativa para proteger los viñedos es un reflejo de la importancia que se concede a la industria vitivinícola en Castilla y León, aunque también plantea interrogantes sobre cómo se debe llevar a cabo la transición ecológica en España.