El Gobierno reparte 91,6 millones de euros en ayudas para el sector del vino, una cifra récord

La reciente Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, liderada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha marcado un nuevo récrod en la distribución de fondos públicos para diversas áreas del sector agrícola y ganadero. Uno de los puntos focales del acuerdo ha sido la asignación de un importe significativo destinado al sector vitivinícola mediante el programa de Intervención Sectorial del Vino (ISV) para el periodo 2024-2027. Esta distribución representa una renovada apuesta gubernamental por fortalecer la industria del vino, considerada una de las más relevantes en términos económicos y culturales para España.

En términos cuantitativos, la conferencia acordó un total de 91.647.952,44 euros para el ISV. De esta suma, 68.773.807,91 euros se asignarán para el año 2024, mientras que los restantes 22.874.144,53 euros serán para el ejercicio financiero de 2025. Estos fondos serán utilizados en inversiones tanto tangibles como intangibles en el ámbito de la transformación e infraestructura vinícola. Se contempla también su aplicación en estructuras e instrumentos de comercialización para los productos vitivinícolas.

El nuevo enfoque en la asignación de estos fondos ofrece una mayor flexibilidad en la redistribución de recursos. Así, los fondos no utilizados o liberados por desistimientos y renuncias dentro de una comunidad autónoma podrán ser reasignados para cubrir otras necesidades dentro del mismo ejercicio financiero. Esta decisión facilita una gestión más eficiente y dinámica de los recursos públicos.

Además de los fondos para el sector vitivinícola, la conferencia también asignó 4.388.694,53 euros para la financiación de programas de sanidad animal. Este monto se suma a los 13.277.605 euros ya transferidos durante este año para combatir enfermedades animales. Entre las medidas financiadas, se encuentran las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales que han contraído enfermedades sujetas a erradicación y los programas de vigilancia para ciertas condiciones.

Es relevante subrayar que estas asignaciones forman parte de un segundo pago y se descuentan los fondos no gastados en el periodo anterior por las comunidades autónomas. De esta manera, el gobierno busca optimizar la utilización de recursos públicos, garantizando que las partidas se empleen de forma efectiva y ajustada a las necesidades.

Estos acuerdos de financiación marcan un compromiso sustancial del gobierno con el sector agrícola y ganadero, apoyando tanto la competitividad como la sostenibilidad. Las asignaciones permiten abordar desafíos y oportunidades en una variedad de áreas, desde la sanidad animal hasta la infraestructura vinícola, pasando por la adaptación al cambio climático y las prácticas sostenibles en el sector.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural representa un avance significativo en la definición de la política agrícola y ganadera de España. Mediante una asignación equitativa y flexible de recursos, el gobierno español se coloca en una posición estratégica para impulsar los sectores clave de su economía.