La justicia francesa interviene para definir precios justos a viticultores

La industria vitivinícola francesa se encuentra actualmente en el foco de una intensa controversia legal que involucra a dos destacados négociants de Burdeos, Ginestet y Excell, filial de Cordier, frente al Tribunal de Comercio de Burdeos. El eje central del litigio gira en torno a las acusaciones de pagar precios excesivamente bajos por vino a granel, una práctica que ha generado un considerable debate en el sector.

El caso fue iniciado por el retirado viticultor médocain Rémi Lacombe, de Château Bessan-Ségur, una finca de Cru Bourgeois en Civrac-en-Médoc. Lacombe sostiene que estos comerciantes compraron sus vinos a 1200 euros por tonneau (900 litros), una cifra significativamente inferior a sus costos estimados de producción de 1600 euros por tonneau. Esta situación no solo pone de relieve las dificultades financieras de los viticultores, sino que también plantea preguntas esenciales sobre las prácticas de fijación de precios justos en la industria del vino.

Un elemento central en la argumentación de Lacombe es la Ley Egalim 2018 de Francia, diseñada para equilibrar las relaciones comerciales en el sector agrícola y alimentario y proteger a los agricultores de prácticas de precios injustas. Esta ley, que aún no ha sido probada en este contexto, podría establecer un precedente legal, dependiendo de la decisión del tribunal. Es notable que el caso también aborda la adherencia a una cláusula de la Ley Egalim que exige que el vendedor fije el precio inicial por escrito, un protocolo que Lacombe afirma no se siguió.

La postura de Lacombe, expresada con pasión en diversos medios de comunicación franceses, subraya las dificultades que enfrentan los viticultores, quienes se sienten presionados a vender sus productos a precios que no cubren sus costos de producción. Su abogado, Louis Lacamp, enfatiza la reticencia de los viticultores a vender a pérdida y acusa a los négociants de aprovechar la crisis para reducir los precios. La lucha de Lacombe no es solo personal, sino que se percibe como una defensa en nombre de otros operadores agrícolas de la región que temen represalias.

Por otro lado, la defensa argumenta que la transacción en cuestión fue un acuerdo de corretaje estándar, realizado a través de un intermediario y representativo del precio de mercado de la calidad del vino. Aseguran que no hubo presión indebida sobre el vendedor y que las transacciones formaban parte del negocio cotidiano de compra de vino a granel en Burdeos.

Añadiendo complejidad a este caso está la situación actual de Château Bessan-Ségur, que ha sido vendido por una suma sustancial. Este caso separado, pero relacionado, involucra disputas sobre la venta y el estado actual de los viñedos de la finca, que han suscitado preocupaciones ambientales y agrícolas en la región.

Mientras la comunidad vitivinícola de Burdeos y los observadores interesados esperan el veredicto del tribunal, previsto para el 22 de febrero, este caso se perfila como un momento significativo en el debate continuo sobre precios justos, sostenibilidad agrícola y las relaciones intrincadas dentro de la industria del vino. El resultado podría tener implicaciones de gran alcance, no solo para las partes involucradas, sino para la dinámica más amplia de la producción y distribución de vino en Francia y más allá.