Más de 7 millones de litros de vino riojanos se quedan sin ayuda

La Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja ha recibido 141 solicitudes de bodegas y cooperativas para acceder a las ayudas destinadas a la destilación voluntaria de crisis, un programa que busca reducir el excedente de vino y equilibrar el mercado. Estas solicitudes representan un total de 25,75 millones de litros de vino, superando la capacidad de financiamiento prevista por la consejería, que es de 18,5 millones de litros. El presupuesto asignado para esta medida es de 15,8 millones de euros, con un precio fijado de 0,86 euros por litro de vino destinado a destilación. Esto significa que algo más de siete millones de litros podrían quedarse sin recibir la ayuda, a menos que se aumente el presupuesto o se realice un prorrateo.

La titular de la consejería, Noemí Manzanos, ha indicado que será necesario aplicar un prorrateo en función de los puntos otorgados a los solicitantes, lo cual dependerá de varios criterios establecidos en la normativa. De las 141 solicitudes, 21 corresponden a cooperativas, las cuales son prioritarias en la asignación de fondos, garantizándoles un 50% de los 18,5 millones de euros disponibles. Esta priorización se debe a que las cooperativas juegan un papel fundamental en la estabilidad del sector vitivinícola al agrupar a numerosos viticultores.

Además, el sistema de puntos favorece a las bodegas que el año pasado solicitaron la destilación y no pudieron acceder a los fondos por falta de presupuesto. También se da preferencia a las pequeñas y medianas bodegas, y en última instancia a aquellas que producen más de un millón de litros de vino. Entre las bodegas que han presentado solicitud, 89 tienen su domicilio fiscal en La Rioja, mientras que 14 tienen su sede fiscal en otras regiones pero compran uvas a productores riojanos. Asimismo, hay 17 solicitudes presentadas por personas físicas.

La medida de destilación voluntaria forma parte del compromiso del Ejecutivo riojano con el sector vitivinícola para ajustar la oferta y la demanda, buscando evitar la caída de precios y garantizar la rentabilidad para los productores. Esta política también incluye la exigencia de que las bodegas y cooperativas compren uvas a precios que permitan una rentabilidad adecuada para los agricultores.