Denuncian falta de democracia en el Consejo Regulador de Montilla-Moriles

El proceso de renovación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha generado tensiones entre algunas bodegas y lagares de la región. Estas críticas surgen en torno a la reciente presentación de candidaturas únicas en los censos habilitados, lo que ha llevado a un grupo de bodegas a cuestionar la falta de unidad real en el sector, un tema que ha sido recurrentemente promovido por la propia entidad.

Cristóbal Luque V., portavoz del grupo disidente, ha expresado su desacuerdo con el modelo actual, calificando los acuerdos anunciados como una maniobra superficial. Según él, la ausencia de elecciones reales, algo que ocurre desde hace décadas en la zona, es resultado de un consenso impuesto que refleja un statu quo en el que Montilla-Moriles parece estar inmerso desde hace más de 30 años. Esto, según los críticos, ocurre con la aquiescencia de la Junta de Andalucía, y responde a un sistema de votación ponderado que, en su opinión, favorece a un pequeño grupo de intereses sobre el resto del sector.

El método empleado para asignar representación en el Consejo Regulador se basa en las hectáreas de viñedo y los hectolitros de vino calificado, los cuales tienen un peso menor que los hectolitros de vino comercializado. Las bodegas y lagares que han cuestionado el sistema consideran que esta ponderación del voto desmotiva la presentación de listas alternativas, pues las condiciones actuales hacen casi imposible que cualquier grupo minoritario logre modificar la situación desde dentro.

El malestar también se extiende hacia la gestión económica del Consejo Regulador, que el colectivo crítico considera irregular. De hecho, señalan que esta situación fue un factor clave en la suspensión de la tradicional Cata de Córdoba debido a las deudas acumuladas con bodegas y acreedores. Para ellos, esta falta de transparencia y democracia en la gestión del organismo es una muestra de cómo una élite ha tomado el control, impidiendo la alternancia en la dirección y bloqueando la formación de nuevas mayorías.

Por ello, las bodegas y lagares que integran este grupo han solicitado la intervención de la Junta de Andalucía, a fin de que garantice un funcionamiento democrático del Consejo Regulador. En su reclamación, piden una revisión de la normativa actual para asegurar una representación más justa y equilibrada dentro del organismo. Según los denunciantes, la nueva reglamentación debería enfocarse en integrar de manera equitativa los intereses de todos los operadores del marco Montilla-Moriles, sin depender de limitaciones ni intereses particulares.

Entre las bodegas y lagares que respaldan esta posición figuran Bodegas Robles, Bodegas Doblas, Lagar de Casablanca, Bodegas Maíllo, Bodegas San Pablo, Lagar de la Primilla, Lagar de Los Frailes, Lagar Los Raigones y la Bodega Coop. Jesús Nazareno. Estas bodegas destacan la necesidad de un cambio profundo en la estructura del Consejo Regulador, señalando que solo así se logrará una verdadera representatividad del sector y un modelo de gestión transparente y participativo.