¿Arrancar o adaptar viñedos?

El debate sobre cómo hacer frente a la crisis del mercado del vino en España ha cobrado fuerza en los últimos meses, centrado en la posibilidad de subvencionar el arranque de viñedos como medida para ajustar la oferta a una demanda que ha mostrado signos de retroceso. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han impulsado esta propuesta ante el Gobierno, defendiendo que se ofrezcan ayudas financieras para reducir la superficie cultivada de viñedo. Sin embargo, la propuesta no ha logrado consenso dentro del sector, y ha sido rechazada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, quien sostiene que España no debería seguir el ejemplo de Francia en este sentido.

Francia ha decidido hacer frente a su propia crisis del vino arrancando 30.000 hectáreas de viñedo con el respaldo de 120 millones de euros en ayudas, una medida aprobada por la Comisión Europea. A pesar de la similitud en las dificultades que atraviesan ambos países, Planas ha declarado que la situación en España no justifica una intervención de este tipo en el corto plazo. Durante su intervención en una reunión de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), celebrada en Dijon a mediados de este mes, Planas argumentó que cada país tiene su propia problemática y que en España ya se han puesto en marcha algunas ayudas puntuales en ciertas comunidades autónomas.

Planas también señaló que, aunque existen problemas localizados, las medidas adicionales que puedan ser necesarias se analizarán en su momento, pero subrayó que en este punto no se ve justificado un arranque generalizado de viñedos. Asimismo, recordó que los productores deben tener una mayor responsabilidad en el control de sus rendimientos para equilibrar la oferta con la demanda.

A pesar de la postura del ministro, las organizaciones agrarias han insistido en la necesidad de reabrir el debate, argumentando que más de 95.000 hectáreas de viñedo, aproximadamente el 10% de la superficie total de viñedos en España, están en riesgo de abandono si no se subvenciona el arranque. UPA, en particular, ha solicitado que, en caso de llevarse a cabo, el proceso se realice con criterios sociales, priorizando a pequeños agricultores, jubilados y aquellos en situación económica más precaria.

La propuesta conjunta de Asaja, COAG y UPA establece un sistema de ayudas al arranque que no esté ligado a la replantación posterior, permitiendo a los agricultores, después de un periodo mínimo de tres años y un máximo de seis, decidir si desean replantar las viñas o no. En caso de no replantar, se propone una compensación económica definitiva que, según estas organizaciones, podría financiarse a través de fondos de la Unión Europea o de los Estados miembros.

Además de las ayudas económicas, han propuesto que se suspendan las nuevas autorizaciones de plantación durante los años 2025, 2026 y 2027, con el fin de evitar una nueva expansión que pueda agravar la sobreproducción actual.

Por otro lado, la Federación Española del Vino (FEV), que representa a los bodegueros, ha expresado su unidad con la medida tomada desde el Ministerio de Planas. Es este sentido, la FEV muestra su desacuerdo con el enfoque general de arranque de viñedos. Según su director general, José Luis Benítez, la solución no pasa por subvencionar de manera generalizada el arranque, sino por buscar mecanismos de flexibilidad que permitan al sector adaptarse a las crisis sin comprometer de manera irreversible el potencial productivo. Benítez considera que, aunque pueda haber zonas específicas donde el arranque sea una opción a considerar, la clave está en regular de forma más eficiente los rendimientos, en lugar de reducir la superficie cultivada.

La discusión sobre el futuro de las viñas en España sigue abierta, con posiciones encontradas entre los diferentes actores del sector. Las organizaciones agrarias defienden la necesidad de una intervención directa para aliviar la presión sobre los agricultores, mientras que desde el Ministerio y el sector bodeguero se apuesta por explorar otras alternativas que eviten el arranque masivo y, al mismo tiempo, preserven el equilibrio entre producción y demanda a largo plazo.