El Cabildo de Tenerife pone fin a su contrato con Bodegas Insulares tras las exigencias de la Comisión Europea

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes, 27 de junio, la finalización del contrato que mantenía con Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA). Esta decisión responde al compromiso adquirido con la Comisión Europea para poner fin a la intervención administrativa en el sector vitivinícola de la isla. La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO) ha emitido un comunicado en el que explica los motivos y el proceso que ha llevado a esta resolución.

En los años noventa, el Cabildo Insular de Tenerife creó una empresa mixta junto al Ayuntamiento de Tacoronte, denominada Bodegas Insulares de Tenerife, S.A. (BITSA). El Cabildo tenía la mayoría en esta empresa y ejercía su control directo sobre la gestión y los empleados. Durante más de veinte años, el Cabildo aportó subvenciones, ayudas promocionales, ampliaciones de capital y cedió empleados públicos a BITSA. Estas ayudas solo beneficiaban a esta bodega pública y no llegaban al resto de las más de 280 bodegas privadas que operan en Canarias.

AVIBO comenzó a reclamar ante los responsables del Cabildo Insular el cese de estas prácticas, ya que consideraba que suponían una injerencia injustificada en un sector privado rentable y exportador. Tras varios años sin obtener respuesta efectiva, la asociación acudió en 2014 a la Comisión Europea. El objetivo era denunciar lo que consideraban una situación de competencia desleal por parte del Cabildo, que actuaba como operador económico en el sector del vino, algo único en Europa.

En febrero de 2018, la Comisión Europea resolvió que las ayudas concedidas por el Cabildo a BITSA eran ilegales por no haber sido comunicadas previamente. Sin embargo, las declaró compatibles con el mercado interior debido a la información recibida en ese momento. AVIBO continuó presentando pruebas sobre nuevas ayudas otorgadas a BITSA entre 2018 y 2024, como la cesión gratuita de instalaciones y terrenos propiedad del Cabildo en Tacoronte.

La asociación solicitó a la Comisión Europea que analizara estas nuevas ayudas y abriera un procedimiento por infracción de la normativa europea sobre competencia y ayudas estatales. AVIBO pedía que se declararan ilegales las subvenciones y exenciones concedidas desde 2014 y que se ordenara su devolución o el pago correspondiente por el uso de las instalaciones públicas.

En marzo de 2023, responsables del Cabildo Insular fueron convocados ante la Representación Permanente de España ante la Unión Europea para explicar esta situación. La Comisión Europea exigió al Cabildo que pusiera fin a las ventajas otorgadas a BITSA y comenzara a cobrar un canon por el uso de las bodegas públicas. Ante la falta de medidas concretas ese año, en julio de 2024 se celebró una reunión presencial en Bruselas con representantes del Cabildo, AVIBO y la Comisión Europea. En esa reunión se advirtió al Cabildo que debía cesar estas prácticas o se abriría un expediente sancionador al Reino de España.

AVIBO aceptó no continuar con el expediente si el Cabildo comenzaba a cobrar el canon correspondiente a BITSA y salía del sector vitivinícola en un plazo razonable. Según informa AVIBO, la actual Corporación Insular ha cumplido con lo acordado: primero decretando la finalización del contrato con BITSA para el uso gratuito de las instalaciones públicas desde 1994; después iniciando los trámites para abandonar su participación directa en el sector vitivinícola.

La asociación reconoce el trabajo realizado por los actuales responsables insulares, especialmente por el vicepresidente Lope Afonso y los consejeros Manuel Fernández y Valentín González. Considera que han respondido a las demandas del sector privado, que veía cómo marcas como Viña Norte podían vender sus vinos a precios inferiores gracias a las ayudas públicas recibidas por BITSA.

Con esta decisión se busca restablecer unas condiciones equitativas para todas las bodegas canarias, garantizar la libre competencia y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos. AVIBO señala que se ha evitado así una posible sanción millonaria para las arcas insulares y se devuelve al mercado vitivinícola una situación normalizada sin intervenciones administrativas injustificadas.